{"id":78846,"date":"2025-11-01T09:08:35","date_gmt":"2025-11-01T14:08:35","guid":{"rendered":"https:\/\/uniagraria.edu.co\/?p=78846"},"modified":"2026-03-14T21:26:19","modified_gmt":"2026-03-15T02:26:19","slug":"consulta-previa-y-campesinado-colombiano-un-derecho-en-construccion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uniagraria.edu.co\/en\/consulta-previa-y-campesinado-colombiano-un-derecho-en-construccion\/","title":{"rendered":"Consulta previa y campesinado colombiano: \u00bfun derecho en construcci\u00f3n?"},"content":{"rendered":"

Leni Viviana Murcia Naranjo \u2013 Docente L\u00edder del Observatorio de Derecho Agrario de UniAgraria.<\/em><\/p>\n

Jimena Carrillo Rodr\u00edguez- Estudiante vinculada al Observatorio de Derecho Agrario de UniAgraria.<\/em><\/p>\n

\u00a0Andrey Nicolas Aldana Quiroga – Estudiante vinculado al Observatorio de Derecho Agrario de UniAgraria.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

\u00a0<\/strong>El presente art\u00edculo es producto de las investigaciones realizadas por el Observatorio de Derecho Agrario de la Fundaci\u00f3n Universitaria Agraria de Colombia en alianza por memorando de entendimiento con la Fundaci\u00f3n Cultural Llano Adentro.<\/em><\/p>\n

\u00bfEs justo que el campesinado colombiano, actor hist\u00f3rico en la construcci\u00f3n de la Naci\u00f3n y garante de la seguridad alimentaria, quede excluido de los mecanismos de participaci\u00f3n que s\u00ed amparan a otros sujetos colectivos? Esta pregunta adquiere relevancia al observar que la consulta previa, reconocida como un derecho fundamental y un principio general del Derecho Internacional, se aplica \u00fanicamente a pueblos ind\u00edgenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom, dejando en un vac\u00edo jur\u00eddico a millones de campesinos cuya vida, cultura y subsistencia dependen tambi\u00e9n de su relaci\u00f3n con la tierra.<\/p>\n

La paradoja es evidente, mientras la Constituci\u00f3n y el Acto Legislativo 01 de 2023 reconocen al campesino como sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, el Estado sigue decidiendo sobre proyectos extractivos, pol\u00edticas rurales o medidas ambientales que afectan directamente sus territorios sin garantizarles un espacio real de participaci\u00f3n. Esta exclusi\u00f3n no solo vulnera derechos, sino que tambi\u00e9n perpet\u00faa el hist\u00f3rico despojo pol\u00edtico y jur\u00eddico del campesinado.<\/p>\n

Por supuesto, se aclara que la consulta previa no es una concesi\u00f3n generosa del Estado colombiano, sino un derecho fundamental conquistado por la lucha hist\u00f3rica de los pueblos \u00e9tnicos, quienes han obligado al orden constitucional a reconocer que la diversidad cultural no es un adorno, sino un principio rector de la democracia.<\/p>\n

Desde sus primeras sentencias, la Corte Constitucional ha advertido que cualquier decisi\u00f3n que afecte a comunidades ind\u00edgenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o rom debe pasar por el tamiz del consentimiento previo, libre e informado, como un ejercicio de respeto a su autodeterminaci\u00f3n. La evoluci\u00f3n jurisprudencial muestra que, en tres d\u00e9cadas, la Corte Constitucional ha pasado de reconocer la diversidad cultural (T-428-1992), a declarar la consulta previa como un derecho fundamental de aplicaci\u00f3n inmediata (T-129-2011), hasta fijar par\u00e1metros claros para su ejercicio (T-713-2017). Sin embargo, este reconocimiento ha sido limitado a pueblos \u00e9tnicos, dejando por fuera al campesinado colombiano, a pesar de su estrecha relaci\u00f3n con el territorio y su identidad cultural.<\/p>\n

En este sentido, la Directiva Presidencial 10 de 2013 de la consulta previa expone que es un instrumento de participaci\u00f3n cuyo procedimiento consta de cinco etapas \u2014certificaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y preparaci\u00f3n, preconsulta, consulta y seguimiento\u2014 con el fin de garantizar que las comunidades decidan sobre medidas administrativas, legislativas o proyectos que impacten sus territorios y formas de vida (Presidencia de la Rep\u00fablica, 2013).<\/p>\n

Ahora bien, aunque el campesinado no constituye un pueblo \u00e9tnico, s\u00ed es reconocido como sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, en este contexto, el Acto Legislativo 01 de 2023 supuso un avance hist\u00f3rico, al reconocerle un novedoso estatus. Sin embargo, el campesinado, pese a compartir una relaci\u00f3n estrecha y vital con la tierra, no est\u00e1 incluido en la consulta previa, surge entonces una discusi\u00f3n clave: \u00bfes necesaria la creaci\u00f3n de un procedimiento similar a la consulta previa para el campesinado? o \u00bfpodr\u00eda ampliarse este mecanismo para que los campesinos tengan participaci\u00f3n efectiva en las decisiones que los afectan en sus territorios?<\/em><\/p>\n

Responder esta pregunta implica reconocer que el campesinado no puede ser reducido a una sumatoria de individualidades, sino fortalecerlo como sujeto colectivo de derechos, dot\u00e1ndolo de herramientas participativas y de organizaci\u00f3n que le permitan incidir en las decisiones que afectan directamente sus territorios. Ello podr\u00eda materializarse a trav\u00e9s de figuras organizativas de alcance nacional, que se ramifiquen en instancias territoriales, municipales y veredales, garantizando que las comunidades campesinas tengan voz propia en la construcci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas y en la toma de decisiones estrat\u00e9gicas.<\/p>\n

Pensar en la inclusi\u00f3n del campesinado dentro de la consulta previa tal como est\u00e1 dise\u00f1ada resulta complejo, pues responde a una l\u00f3gica \u00e9tnica. Sin embargo, el reconocimiento del Acto Legislativo 01 de 2023 abre la puerta para posibilidades jur\u00eddicas, en el entendido de la ductilidad del Derecho, como dise\u00f1ar un mecanismo propio, paralelo o complementario, que permita la participaci\u00f3n campesina en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan sus territorios y sus formas de vida.<\/p>\n

Recu\u00e9rdese que, la consulta previa, entendida como un espacio de encuentro entre el Estado y los pueblos ind\u00edgenas, tiene su origen en el Convenio 169 de la OIT de 1989, el cual corrigi\u00f3 y ampli\u00f3 los alcances del anterior Convenio 107 de 1957. Este instrumento internacional impuso a los Estados la obligaci\u00f3n de establecer procesos de di\u00e1logo genuino y de buena fe con los pueblos ind\u00edgenas antes de expedir medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarles.<\/p>\n

Aunque este reconocimiento se limit\u00f3 inicialmente a comunidades \u00e9tnicas, el principio es perfectamente extensible al campesinado, en tanto tambi\u00e9n constituye un sujeto colectivo de especial protecci\u00f3n constitucional, cuya vida, cultura y formas de subsistencia est\u00e1n \u00edntimamente ligadas a la tierra. En consecuencia, toda decisi\u00f3n estatal que repercuta sobre la propiedad rural, el agua o los ecosistemas campesinos deber\u00eda estar precedida por un proceso de consulta con estas comunidades.<\/p>\n

En cuanto a los campesinos, la jurisprudencia constitucional ha intentado suplir la ausencia de un mecanismo espec\u00edfico, por ejemplo, con la Sentencia SU-133 de 2017 se reconoci\u00f3 la necesidad de garantizar participaci\u00f3n a comunidades mineras y campesinas de Marmato, Caldas, en proyectos de alto impacto. M\u00e1s recientemente, la Sentencia T-123 de 2024 reiter\u00f3 la condici\u00f3n del campesinado como sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, al amparo del art\u00edculo 64 de la Carta, y reforz\u00f3 su derecho a permanecer en el territorio, evitando desplazamientos forzados y garantizando condiciones de vida dignas.<\/p>\n

Asimismo, la jurisprudencia ha resaltado que la consulta previa es un derecho fundamental que debe realizarse respetando los usos y costumbres propios de cada comunidad. Este enfoque puede aplicarse igualmente al campesinado, ya que su identidad cultural se manifiesta en sus pr\u00e1cticas agr\u00edcolas, en sus saberes tradicionales y en sus formas de organizaci\u00f3n social, todos ellos elementos que requieren protecci\u00f3n frente a pol\u00edticas p\u00fablicas, decisiones administrativas o proyectos extractivos que puedan poner en riesgo su modo de vida.<\/p>\n

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha catalogado la consulta previa como un principio general del Derecho Internacional, obligando a los Estados a realizar procesos especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar intereses colectivos de comunidades \u00e9tnicas. Este razonamiento puede extenderse al campesinado, cuya identidad diferenciada tambi\u00e9n demanda un trato especial que garantice su participaci\u00f3n efectiva en la escogencia del modelo econ\u00f3mico y social que m\u00e1s se adec\u00fae a sus necesidades. Reconocer esta especificidad no implica asimilar al campesino a un pueblo \u00e9tnico, sino afirmar su derecho a la autodeterminaci\u00f3n rural y a decidir sobre el destino de su territorio.<\/p>\n

En consecuencia, la consulta previa \u2014entendida como derecho, principio, mecanismo y proceso social\u2014 no solo es pertinente para pueblos \u00e9tnicos, sino que se configura como un instrumento imperativo para garantizar la territorialidad campesina, condici\u00f3n esencial para la realizaci\u00f3n efectiva de sus derechos fundamentales, econ\u00f3micos, sociales y culturales.<\/p>\n

Referencias <\/strong><\/p>\n

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia<\/em>. Gaceta Constitucional No. 116, 20 de julio de 1991. http:\/\/www.secretariasenado.gov.co\/senado\/basedoc\/constitucion_politica_1991.html<\/a><\/p>\n

Corte Constitucional de Colombia. (2012, marzo 26). Sentencia T-244 de 2012<\/em> (J. I. Pretelt Chaljub, M. P.). http:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/relatoria\/2012\/T-244-12.htm<\/a><\/p>\n

Corte Constitucional de Colombia. (2017). Sentencia SU-133 de 2017<\/em> (L. E. Vargas Silva, M. P.). https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/relatoria\/2017\/su133-17.htm<\/a><\/p>\n

Corte Constitucional de Colombia. (2024, abril 16). Sentencia T-123 de 2024<\/em> (N. \u00c1ngel Cabo, M. P.). https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/relatoria\/2024\/t-123-24.htm<\/a><\/p>\n

Rep\u00fablica de Colombia, Congreso de la Rep\u00fablica. (1945). Ley 13 de 1945 por la cual se aprueban unos instrumentos internacionales<\/em>. https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/clp\/contenidos.dll\/Leyes\/1569176<\/a><\/p>\n

Vargas-Chaves, I., Valencia-Jim\u00e9nez, W., & Cumbe-Figueroa, A. (2022). Hacia una consulta previa campesina: Elementos para el debate desde el r\u00e9gimen de certificaci\u00f3n de semillas en Colombia. El \u00c1gora USB<\/em>, 22(1), 57\u201383. https:\/\/doi.org\/10.21500\/16578031.6062<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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