{"id":83922,"date":"2026-04-09T15:16:02","date_gmt":"2026-04-09T20:16:02","guid":{"rendered":"https:\/\/uniagraria.edu.co\/?p=83922"},"modified":"2026-04-14T11:07:15","modified_gmt":"2026-04-14T16:07:15","slug":"ley-2536-de-2025-el-derecho-a-la-alimentacion-de-la-ninez-campesina-en-colombia-como-imperativo-de-justicia-territorial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uniagraria.edu.co\/en\/ley-2536-de-2025-el-derecho-a-la-alimentacion-de-la-ninez-campesina-en-colombia-como-imperativo-de-justicia-territorial\/","title":{"rendered":"Ley 2536 de 2025: el derecho a la alimentaci\u00f3n de la ni\u00f1ez campesina en Colombia como imperativo de justicia territorial"},"content":{"rendered":"
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Leni Viviana Murcia Naranjo<\/strong>
Docente L\u00edder del Observatorio de Derecho Agrario de Uniagraria \u2013
Semillero Derecho, Ambiente y Ruralidad<\/p>

Andrey Nicol\u00e1s Aldana Quiroga<\/strong>
Estudiante de Derecho vinculado al Observatorio de Derecho Agrario de Uniagraria –
Semillero Derecho, Ambiente y Ruralidad<\/p><\/div>

Hablar del derecho a la alimentaci\u00f3n de la ni\u00f1ez campesina en Colombia no es referirse \u00fanicamente a una necesidad biol\u00f3gica o a una pol\u00edtica asistencial. Es, ante todo, entrar en el terreno de la justicia social, de la deuda hist\u00f3rica del Estado con el campo y de la persistencia de desigualdades estructurales que siguen marcando la vida de miles de <\/span>ni\u00f1os y ni\u00f1as<\/span> rurales. Cuando se afirma que una parte significativa de la ni\u00f1ez campesina vive en condiciones de pobreza multidimensional, no se est\u00e1 describiendo solo una cifra: se est\u00e1 nombrando una realidad atravesada por el hambre, la exclusi\u00f3n, la precariedad institucional, la deserci\u00f3n escolar y la vulneraci\u00f3n cotidiana de derechos fundamentales.<\/span><\/p>

En este contexto, la Ley 2536 de 2025 representa un avance normativo relevante, en tanto reconoce la urgencia de adoptar medidas m\u00e1s robustas para enfrentar el hambre y fortalecer la seguridad alimentaria, especialmente en los sectores hist\u00f3ricamente excluidos. Su importancia no radica \u00fanicamente en la creaci\u00f3n de instrumentos financieros o administrativos, sino en la posibilidad de reposicionar la alimentaci\u00f3n como un derecho fundamental estrechamente vinculado con la dignidad humana, el desarrollo integral de la infancia y la permanencia de las comunidades campesinas en sus territorios.<\/span><\/p>

La ni\u00f1ez campesina ha ocupado durante d\u00e9cadas un lugar marginal en el dise\u00f1o efectivo de las pol\u00edticas p\u00fablicas. A pesar de que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 consagra en su art\u00edculo 44 la prevalencia de los derechos de <\/span>los ni\u00f1os y las ni\u00f1as<\/span>, la realidad del campo colombiano revela que dichas garant\u00edas no siempre se traducen en condiciones materiales concretas. El hambre en las zonas rurales no puede entenderse como un fen\u00f3meno aislado ni coyuntural; por el contrario, es expresi\u00f3n de una estructura de abandono que combina pobreza, centralismo, desigual acceso a bienes p\u00fablicos, debilidad institucional, conflicto armado, crisis clim\u00e1tica y fragmentaci\u00f3n de la respuesta estatal.<\/span><\/p>

En ese marco, la Ley 2536 de 2025 debe leerse de manera articulada con otros desarrollos normativos recientes que han intentado fortalecer la protecci\u00f3n de poblaciones vulnerables y avanzar hacia una comprensi\u00f3n m\u00e1s integral del derecho a la alimentaci\u00f3n. Esta ley se inscribe en una tendencia que busca superar respuestas dispersas y construir mecanismos <\/span>estables de intervenci\u00f3n p\u00fablica orientados a garantizar condiciones m\u00ednimas de subsistencia, con especial atenci\u00f3n a territorios rurales y econom\u00edas campesinas.<\/span><\/p>

Uno de los elementos centrales de esta ley es la creaci\u00f3n del Fondo Nacional contra el Hambre, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este fondo surge como una herramienta orientada a financiar proyectos y estrategias de alimentaci\u00f3n, particularmente en escenarios en los que la econom\u00eda campesina cumple un papel decisivo para la producci\u00f3n de alimentos y la sostenibilidad de los territorios. Su finalidad no es menor: combatir el hambre, fortalecer la autonom\u00eda alimentaria y canalizar recursos provenientes del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, de donaciones del sector p\u00fablico y privado, de la cooperaci\u00f3n internacional y de multas asociadas al desperdicio de alimentos.<\/span><\/p>

Desde una lectura jur\u00eddico-pol\u00edtica, este fondo tiene un potencial importante porque desplaza la discusi\u00f3n del terreno ret\u00f3rico al \u00e1mbito de la institucionalidad concreta. No obstante, tambi\u00e9n obliga a formular preguntas cr\u00edticas: \u00bfc\u00f3mo se distribuir\u00e1n realmente los recursos?, \u00bfqu\u00e9 territorios ser\u00e1n priorizados?, \u00bfqu\u00e9 mecanismos de participaci\u00f3n tendr\u00e1n las comunidades campesinas?, \u00bfc\u00f3mo se evitar\u00e1 que este instrumento termine atrapado en l\u00f3gicas burocr\u00e1ticas, clientelares o de intermediaci\u00f3n pol\u00edtica? Estas preguntas no debilitan la ley; por el contrario, son necesarias para tom\u00e1rsela en serio.<\/span><\/p>

La estructura del fondo como patrimonio aut\u00f3nomo, sin personer\u00eda jur\u00eddica y administrado mediante fiducia, busca precisamente introducir criterios de agilidad y control en la gesti\u00f3n de los recursos. En principio, esta configuraci\u00f3n pretende evitar cargas administrativas innecesarias y reducir los riesgos de captura institucional. Sin embargo, ning\u00fan dise\u00f1o jur\u00eddico es suficiente por s\u00ed mismo si no va acompa\u00f1ado de vigilancia efectiva, transparencia en la ejecuci\u00f3n, control fiscal riguroso y participaci\u00f3n social incidente. En un pa\u00eds como Colombia, donde m\u00faltiples fondos y mecanismos especiales han sido cuestionados por su opacidad o uso inadecuado, la legitimidad del Fondo Nacional contra el Hambre depender\u00e1 no solo de su creaci\u00f3n formal, sino de la confianza p\u00fablica que logre construir a partir de resultados verificables.<\/span><\/p>

La especial relevancia de esta ley para la ni\u00f1ez campesina es indiscutible. En las zonas rurales, el hambre afecta el desarrollo f\u00edsico y cognitivo de <\/span>los ni\u00f1os y ni\u00f1as<\/span>, limita su permanencia en la escuela, agrava ciclos de pobreza intergeneracional y debilita el tejido comunitario. Por ello, garantizar la alimentaci\u00f3n infantil en el campo no puede reducirse a la entrega espor\u00e1dica de ayudas ni a respuestas de emergencia. Se requiere una pol\u00edtica territorial integral que articule escuela, familia, producci\u00f3n local, infraestructura, agua, salud, educaci\u00f3n alimentaria y fortalecimiento de la econom\u00eda campesina.<\/span><\/p>

La alimentaci\u00f3n de la ni\u00f1ez campesina est\u00e1 directamente vinculada con el art\u00edculo 65 de la Constituci\u00f3n, que impone al Estado la obligaci\u00f3n de proteger de manera especial la producci\u00f3n de alimentos. Esta disposici\u00f3n cobra una dimensi\u00f3n m\u00e1s profunda cuando se observa que quienes habitan y trabajan el campo son, a la vez, quienes con mayor frecuencia <\/span>padecen inseguridad alimentaria. La paradoja es dolorosa: los territorios que sostienen buena parte de la producci\u00f3n alimentaria nacional siguen siendo escenarios de privaci\u00f3n para sus propios habitantes. De ah\u00ed que la Ley 2536 de 2025 no deba entenderse como una medida marginal, sino como una oportunidad para corregir esa contradicci\u00f3n estructural.<\/span><\/p>

Regiones como el Catatumbo, el Choc\u00f3 y muchos otros territorios rurales del pa\u00eds muestran con crudeza c\u00f3mo la ni\u00f1ez campesina e ind\u00edgena enfrenta condiciones severas de vulnerabilidad alimentaria. En estos contextos, el hambre no es solo ausencia de comida; es tambi\u00e9n expresi\u00f3n de aislamiento, violencia, precariedad institucional y desigualdad territorial. Por eso, el enfoque de la ley debe ser necesariamente diferencial, territorial y sensible a las particularidades de las comunidades. No basta con dise\u00f1ar un instrumento nacional; es indispensable asegurar que cada territorio pueda acceder de manera real, oportuna y justa a los beneficios del fondo.<\/span><\/p>

Ahora bien, la lucha contra el hambre no se agota en la financiaci\u00f3n de programas<\/span>, t<\/span>ambi\u00e9n exige procesos de formaci\u00f3n, apropiaci\u00f3n social del derecho y fortalecimiento comunitario. Una pol\u00edtica p\u00fablica verdaderamente transformadora debe permitir que las familias, las escuelas, las organizaciones campesinas y las comunidades rurales reconozcan la alimentaci\u00f3n como un derecho exigible y no como una concesi\u00f3n graciosa del poder p\u00fablico. En otras palabras, el combate contra el hambre debe ir acompa\u00f1ado de pedagog\u00eda sobre derechos, para evitar que estos programas sean instrumentalizados con fines electorales, clientelistas o asistencialistas.<\/span><\/p>

En esa medida, iniciativas como los huertos escolares, el fortalecimiento de circuitos cortos de comercializaci\u00f3n, la articulaci\u00f3n entre producci\u00f3n campesina y alimentaci\u00f3n escolar, y la promoci\u00f3n de pr\u00e1cticas de soberan\u00eda alimentaria adquieren especial importancia. No se trata solo de alimentar a la ni\u00f1ez rural, sino de hacerlo de una manera que dignifique el trabajo campesino, fortalezca los v\u00ednculos con el territorio y permita construir autonom\u00eda desde lo local. La alimentaci\u00f3n, en este sentido, no es \u00fanicamente un asunto de consumo, sino tambi\u00e9n de identidad, arraigo, cuidado y reproducci\u00f3n de la vida campesina.<\/span><\/p>

Por ello, la implementaci\u00f3n de la Ley 2536 de 2025 demanda acompa\u00f1amiento institucional serio, monitoreo permanente y esquemas de evaluaci\u00f3n p\u00fablica que permitan identificar impactos reales. La presencia de cooperaci\u00f3n internacional y de mecanismos de verificaci\u00f3n puede contribuir a robustecer la credibilidad del fondo, pero el verdadero n\u00facleo de legitimidad debe surgir del control social de las comunidades y de la capacidad estatal de responder con eficacia, integridad y enfoque territorial.<\/span><\/p>

En conclusi\u00f3n, la Ley 2536 de 2025 constituye una apuesta importante para enfrentar una de las expresiones m\u00e1s dolorosas de la desigualdad rural en Colombia: el hambre que afecta a la ni\u00f1ez campesina. Su valor radica en reconocer que el problema existe, en dotar al Estado de un instrumento espec\u00edfico para combatirlo y en abrir una posibilidad para fortalecer la autonom\u00eda alimentaria de los territorios. Sin embargo, su verdadero alcance depender\u00e1 de <\/span>que no se convierta en una promesa m\u00e1s dentro del repertorio de normas bien <\/span>intencionadas<\/span> pero d\u00e9bilmente ejecutadas.<\/span><\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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