{"id":84133,"date":"2026-04-14T11:02:11","date_gmt":"2026-04-14T16:02:11","guid":{"rendered":"https:\/\/uniagraria.edu.co\/?p=84133"},"modified":"2026-04-17T19:37:59","modified_gmt":"2026-04-18T00:37:59","slug":"glifosato-campesinado-y-justicia-ambiental","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uniagraria.edu.co\/en\/glifosato-campesinado-y-justicia-ambiental\/","title":{"rendered":"Glifosato, campesinado y justicia ambiental"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"84133\" class=\"elementor elementor-84133\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bb74f81 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"bb74f81\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e0b4a73 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e0b4a73\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"line-height: 1.6;\"><div style=\"background-color: #f5f5f5; padding: 20px; border-radius: 8px; border-right: 5px solid #cccccc; margin-bottom: 25px; text-align: right;\"><p style=\"color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; margin: 0px 0px 10px;\"><strong>Leni Viviana Murcia Naranjo<\/strong><br \/>Docente L\u00edder del Observatorio de Derecho Agrario de Uniagraria \u2013<br \/>Semillero Derecho, Ambiente y Ruralidad<\/p><p style=\"margin: 0px;\"><span style=\"color: #333333; font-family: Arial, sans-serif;\"><b>Alejandro Echeverri Gonz\u00e1lez<\/b><\/span><br \/><span style=\"color: #333333; font-family: Arial, sans-serif;\">Estudiante de Derecho vinculado al Observatorio de Derecho Agrario de Uniagraria &#8211;<\/span><br \/><span style=\"color: #333333; font-family: Arial, sans-serif;\">Semillero Derecho, Ambiente y Ruralidad<\/span><\/p><\/div><div style=\"color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;\"><p>La pol\u00edtica de erradicaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito en Colombia constituye uno de los escenarios m\u00e1s densos y problem\u00e1ticos en la intersecci\u00f3n entre el derecho agrario, el derecho ambiental y el derecho constitucional. La implementaci\u00f3n de la aspersi\u00f3n a\u00e9rea con glifosato a trav\u00e9s del Programa de Erradicaci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos (PECIG) no solo represent\u00f3 una estrategia estatal de control territorial, sino que tambi\u00e9n evidenci\u00f3 profundas tensiones en la manera en que el Estado ha comprendido hist\u00f3ricamente al campesinado, la naturaleza y la justicia en contextos rurales. M\u00e1s all\u00e1 de su finalidad declarada de reducci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, esta pol\u00edtica oper\u00f3 como un dispositivo de intervenci\u00f3n que reconfigur\u00f3 relaciones sociales, econ\u00f3micas y ecol\u00f3gicas en vastas regiones del pa\u00eds, generando impactos que desbordan el \u00e1mbito estrictamente jur\u00eddico.<\/p><p>Desde una lectura sociojur\u00eddica, es necesario reconocer que el PECIG se estructur\u00f3 bajo una l\u00f3gica que vincul\u00f3 de manera directa los cultivos de uso il\u00edcito con el conflicto armado, situando al campesinado en una posici\u00f3n de sospecha permanente. Esta narrativa no es inocua: produce efectos concretos en la forma en que se dise\u00f1an las pol\u00edticas p\u00fablicas y, particularmente, en la manera en que el sistema judicial responde frente a los da\u00f1os ocasionados. En efecto, durante largos periodos, las decisiones judiciales tendieron a negar la reparaci\u00f3n a las comunidades afectadas por las fumigaciones, en un contexto en el que predominaba un enfoque contrainsurgente que justificaba la intervenci\u00f3n estatal incluso a costa de la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. Tal como lo evidencian L\u00f3pez Castro et al. (2020), existe una correlaci\u00f3n significativa entre los cambios en la orientaci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica y las decisiones de las altas cortes, lo que sugiere que la funci\u00f3n judicial no ha sido completamente ajena a las racionalidades pol\u00edticas dominantes.<\/p><p>En este escenario, el principio de precauci\u00f3n adquiere una relevancia central como criterio de an\u00e1lisis jur\u00eddico. En el ordenamiento colombiano, este principio no solo tiene reconocimiento legal, sino que se encuentra incorporado en la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, particularmente en los art\u00edculos 79 y 80, que consagran el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber estatal de proteger la diversidad e integridad del ambiente. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que, cuando existe incertidumbre cient\u00edfica sobre los efectos potencialmente graves e irreversibles de una actividad, el Estado debe adoptar una postura preventiva, absteni\u00e9ndose de autorizar intervenciones que puedan comprometer ecosistemas estrat\u00e9gicos. En el caso de la aspersi\u00f3n con glifosato, se ha reconocido la existencia de un riesgo potencial significativo, especialmente en \u00e1reas de<\/p><p>especial protecci\u00f3n como los Parques Nacionales Naturales, donde el da\u00f1o ambiental podr\u00eda resultar irreversible.<\/p><p>Este razonamiento no solo refuerza la centralidad del principio de precauci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n pone en evidencia una tensi\u00f3n estructural entre las pol\u00edticas de erradicaci\u00f3n y los mandatos de la denominada Constituci\u00f3n ecol\u00f3gica. La posibilidad de que el Estado autorice actividades que comprometen la biodiversidad, aun en escenarios de incertidumbre cient\u00edfica, plantea serios cuestionamientos sobre la coherencia del modelo de desarrollo adoptado y sobre la efectividad de las garant\u00edas ambientales. En este punto, el derecho ambiental deja de ser un conjunto de normas program\u00e1ticas para convertirse en un verdadero l\u00edmite material al ejercicio del poder p\u00fablico.<\/p><p>A su vez, la problem\u00e1tica del glifosato debe ser analizada a la luz de la funci\u00f3n ecol\u00f3gica de la propiedad, uno de los pilares del derecho agrario contempor\u00e1neo en Colombia. La Constituci\u00f3n establece que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que est\u00e1 condicionada por su funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica. Esto implica que el uso del suelo debe armonizarse con la protecci\u00f3n del ambiente y el bienestar colectivo. Permitir la aspersi\u00f3n de sustancias qu\u00edmicas en territorios rurales, incluyendo zonas de especial protecci\u00f3n, no solo desconoce esta funci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n vulnera el car\u00e1cter de patrimonio com\u00fan del medio ambiente y compromete la sostenibilidad de los sistemas productivos campesinos. En este sentido, el territorio no puede seguir siendo concebido exclusivamente como un espacio de intervenci\u00f3n estatal, sino como un entramado complejo de relaciones socioecol\u00f3gicas que demandan protecci\u00f3n integral.<\/p><p>La actuaci\u00f3n de la rama judicial en este contexto revela una relaci\u00f3n ambivalente con las pol\u00edticas p\u00fablicas. Por un lado, se han presentado decisiones que reproducen la l\u00f3gica estatal dominante, negando la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os y validando las estrategias de erradicaci\u00f3n. Por otro lado, tambi\u00e9n se han producido fallos que reconocen la vulneraci\u00f3n de derechos y ordenan medidas de protecci\u00f3n, especialmente en momentos en los que la pol\u00edtica p\u00fablica ha experimentado cambios hacia enfoques m\u00e1s garantistas. Esta oscilaci\u00f3n evidencia que el derecho no es un campo neutral, sino un espacio de disputa en el que convergen intereses pol\u00edticos, econ\u00f3micos y sociales. La idea del juez como actor contramayoritario cobra aqu\u00ed especial relevancia, en la medida en que su intervenci\u00f3n puede constituir un mecanismo de correcci\u00f3n frente a fallas estructurales del Estado, pero tambi\u00e9n puede verse limitada por las mismas condiciones que pretende transformar.<\/p><p>En definitiva, el caso del glifosato en Colombia pone de relieve una deuda hist\u00f3rica con el campesinado y con los territorios rurales. La persistencia de pol\u00edticas que priorizan la erradicaci\u00f3n forzada sobre el desarrollo rural integral evidencia la necesidad de replantear los enfoques de intervenci\u00f3n estatal, incorporando de manera efectiva los principios de justicia ambiental, participaci\u00f3n y reconocimiento de las comunidades. El desaf\u00edo no es menor: implica transitar hacia un modelo que reconozca al campesinado como sujeto de derechos y al territorio como un bien jur\u00eddico complejo, cuya protecci\u00f3n es condici\u00f3n indispensable para la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera.<\/p><p><strong>Referencias<\/strong><\/p><p>L\u00f3pez Castro, Y., Pe\u00f1a Huertas, R. del P., Triana Ancinez, B., Ortega Van Arcken, L. M., &amp; Valencia Herrera, M. A. (2020). Glifosato, campesinos y jueces: la timidez de las altas cortes en la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os ocasionados por la pol\u00edtica de fumigaciones a\u00e9reas.<\/p><p>Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera. (2013). Sentencia Rad. 11001-03-24-000-2004-00227-01.<\/p><p>Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. (1991). Art\u00edculos 8, 58, 79 y 80.<\/p><p>Ley 2811 de 1974. C\u00f3digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci\u00f3n al Medio Ambiente.<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pol\u00edtica de erradicaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito en Colombia constituye uno de los escenarios m\u00e1s densos y problem\u00e1ticos en la intersecci\u00f3n entre el derecho agrario, el derecho ambiental y el derecho constitucional. La implementaci\u00f3n de la aspersi\u00f3n a\u00e9rea con glifosato a trav\u00e9s del Programa de Erradicaci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos (PECIG) no solo represent\u00f3 una estrategia estatal de control territorial, sino que tambi\u00e9n evidenci\u00f3 profundas tensiones en la manera en que el Estado ha comprendido hist\u00f3ricamente al campesinado, la naturaleza y la justicia en contextos rurales. 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M\u00e1s all\u00e1 de su finalidad declarada de reducci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, esta pol\u00edtica oper\u00f3 como un dispositivo de intervenci\u00f3n que reconfigur\u00f3 relaciones sociales, econ\u00f3micas y ecol\u00f3gicas en vastas regiones del pa\u00eds, generando impactos que desbordan el \u00e1mbito estrictamente jur\u00eddico.","og_url":"https:\/\/uniagraria.edu.co\/en\/glifosato-campesinado-y-justicia-ambiental\/","og_site_name":"UNIAGRARIA","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/uagraria\/?locale=es_LA","article_published_time":"2026-04-14T16:02:11+00:00","article_modified_time":"2026-04-18T00:37:59+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":873,"url":"https:\/\/uniagraria.edu.co\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/WhatsApp-Image-2026-04-14-at-10.53.57.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Comunicaciones UNIAGRARIA","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@UNIAGRARIA","twitter_site":"@UNIAGRARIA","twitter_misc":{"Written by":"Comunicaciones 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