{"id":77342,"date":"2025-08-27T10:35:54","date_gmt":"2025-08-27T15:35:54","guid":{"rendered":"https:\/\/novawebmaster.com\/uniagraria\/?p=77342"},"modified":"2025-08-27T10:37:27","modified_gmt":"2025-08-27T15:37:27","slug":"fallo-historico-en-la-guajira-el-gobierno-obligado-a-cumplir-la-ley-de-pasivos-ambientales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/uniagraria.edu.co\/es\/fallo-historico-en-la-guajira-el-gobierno-obligado-a-cumplir-la-ley-de-pasivos-ambientales\/","title":{"rendered":"Fallo hist\u00f3rico en La Guajira: el Gobierno obligado a cumplir la ley de pasivos ambientales"},"content":{"rendered":"

Bajo el ardiente sol de La Guajira, una sala de tribunal se convirti\u00f3 en el escenario de un hito jur\u00eddico y ambiental. Ese d\u00eda, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira profiri\u00f3 una sentencia que, en tono imperativo, orden\u00f3 a varias entidades nacionales hacer lo que no hicieron en casi dos a\u00f1os: cumplir la Ley 2327 de 2023. Dicha ley, vigente desde septiembre de 2023, hab\u00eda quedado en el papel, ignorada por quienes deb\u00edan implementarla. La cr\u00f3nica de este fallo re\u00fane tres dimensiones clave \u2013jur\u00eddica, ambiental y pol\u00edtica\u2013 de una historia donde un ciudadano guajiro logr\u00f3 que la justicia obligue al Estado a saldar una deuda con el medio ambiente.<\/p>\n

Un mandato legal ignorado y un tribunal que hace cumplir la ley<\/p>\n

La Ley 2327 de 2023 naci\u00f3 con mandatos claros: regulaba los pasivos ambientales e impon\u00eda tareas concretas a entidades del orden nacional. Sin embargo, a casi dos a\u00f1os de su expedici\u00f3n, varios art\u00edculos de la ley segu\u00edan sin cumplirse. Cansado de la inercia oficial, el abogado, Jes\u00fas Arnulfo Cobo Garc\u00eda, Especialista en Legislaci\u00f3n Rural y Ordenamiento Territorial, actualmente estudiante de la Especializaci\u00f3n en Responsabilidad Ambiental y Sostenibilidad de Uniagraria, acudi\u00f3 a la de acci\u00f3n de cumplimiento, un instrumento constitucional que permite a cualquier persona pedir a un juez que haga efectiva una norma cuando la autoridad obligada no la acata.<\/p>\n

El Tribunal de La Guajira asumi\u00f3 el caso y, tras analizarlo, dio la raz\u00f3n al ciudadano Jesus Arnulfo Cobo Garcia. En su fallo de primera instancia, declar\u00f3 formalmente el incumplimiento de las disposiciones se\u00f1aladas: \u201cel Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han incumplido los mandatos contenidos en los art\u00edculos 3, 4 par\u00e1grafo 3, 5 par\u00e1grafo \u00fanico y 8 par\u00e1grafo 2 de la Ley 2327 del 2023\u201d. Tales palabras \u2013\u201chan incumplido los mandatos\u201d\u2013 resonaron con fuerza, evidenciando el car\u00e1cter obligatorio de la ley que hab\u00eda sido soslayada.<\/p>\n

La sentencia es categ\u00f3rica en cuanto a la naturaleza imperativa de estos deberes legales. La propia magistrada ponente subray\u00f3 que se trata de obligaciones claras e indiscutibles: \u201cpara la sala se satisface el requisito de que el mandato sea imperativo e inobjetable… sin lugar a dudas se desprende que se trata de un deber… se\u00f1alado en forma precisa, clara y actual para las accionadas\u201d. En otras palabras, no eran simples lineamientos aspiracionales, eran \u00f3rdenes con fuerza de ley que las entidades deb\u00edan acatar desde 2023.<\/p>\n

Ante el panorama de desobediencia, el Tribunal dispuso medidas contundentes. Orden\u00f3 el cumplimiento estricto de la ley en un plazo perentorio de tres meses, detallando paso a paso las acciones que las entidades deber\u00e1n ejecutar para ponerse al d\u00eda. En ese lapso, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n (DNP), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente deber\u00e1n \u201cfijar los lineamientos para la formulaci\u00f3n, implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de una Pol\u00edtica P\u00fablica … para la Gesti\u00f3n de Pasivos Ambientales… como lo ordena el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 2327\u201d.<\/p>\n

Igualmente, el Ministerio de Ambiente tendr\u00e1 que conformar y poner en marcha el Comit\u00e9 Nacional de Pasivos Ambientales \u201cconforme lo dispone el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 4\u00b0\u201d, y formular la Estrategia Nacional de Gesti\u00f3n de Pasivos Ambientales \u201cde que trata el art\u00edculo 5\u00b0\u201d. Por \u00faltimo, el fallo apremia al Gobierno Nacional en su conjunto a reglamentar la definici\u00f3n del \u201cresponsable sin capacidad econ\u00f3mica\u201d para atender un pasivo ambiental, tal como manda el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley. La orden judicial concluye con la cl\u00e1sica f\u00f3rmula que en este contexto cobra especial significado: \u201cNotif\u00edquese y c\u00famplase\u201d \u2013 un llamado expreso a que el mandato legal, por fin, se haga realidad.<\/p>\n

La arista ambiental: riesgos invisibles y urgencia de control<\/strong><\/p>\n

Detr\u00e1s de la batalla jur\u00eddica subyace una preocupaci\u00f3n ambiental cr\u00edtica. \u00bfQu\u00e9 son exactamente los pasivos ambientales cuyo olvido motiv\u00f3 esta sentencia? La Ley 2327 de 2023 los defini\u00f3 por primera vez en Colombia,<\/p>\n

reconociendo como tal \u201clas afectaciones ambientales, acumulativas o no, identificables geogr\u00e1ficamente, que generan un nivel de riesgo no aceptable a la vida, salud humana o ambiente… y que carecen de instrumento de control\u201d. En t\u00e9rminos simples, un pasivo ambiental es un da\u00f1o ecol\u00f3gico latente, heredado de actividades humanas (como la miner\u00eda, la explotaci\u00f3n petrolera, la industria) que sigue all\u00ed sin remedio ni vigilancia, poniendo en peligro a comunidades y ecosistemas.<\/p>\n

La importancia de reglamentar estos pasivos es may\u00fascula. Mientras no haya normas y acciones claras, esos impactos permanecen como bombas de tiempo ecol\u00f3gicas: r\u00edos contaminados por mercurio de antiguas minas ilegales, dep\u00f3sitos de residuos t\u00f3xicos abandonados, pozos petroleros hu\u00e9rfanos que filtran crudo, monta\u00f1as de escombros industriales liberando metales pesados. Cada uno de esos pasivos es un recordatorio de que el desarrollo mal gestionado deja deudas ambientales que alguien \u2013generalmente la sociedad y la naturaleza\u2013 termina pagando. La propia definici\u00f3n legal habla de riesgo no aceptable para la vida y la salud; eso significa que hoy existen lugares en Colombia donde la gente y el entorno est\u00e1n expuestos a peligros que no deber\u00edan tolerarse. Sin embargo, al carecer de instrumento de control, dichos riesgos quedan en un limbo: ni la autoridad act\u00faa, ni los responsables (si es que a\u00fan existen) asumen el costo de su mitigaci\u00f3n.<\/p>\n

La Ley 2327 pretendi\u00f3 llenar ese vac\u00edo: ofreci\u00f3 una hoja de ruta para gestionar los pasivos ambientales. Orden\u00f3 dise\u00f1ar una pol\u00edtica p\u00fablica participativa, crear un comit\u00e9 nacional con academia, comunidades y entidades productivas, formular una estrategia de gesti\u00f3n y definir qui\u00e9n responde cuando el responsable original no puede hacerlo. Era, en esencia, una respuesta normativa a un problema real y urgente. Por eso, el hecho de que su implementaci\u00f3n se haya postergado alarm\u00f3 a personas como Cobo Garc\u00eda, quien decidi\u00f3 acudir a la justicia. El resultado de esta acci\u00f3n no es menor: el fallo judicial viene a proteger no solo la fuerza de la ley, sino tambi\u00e9n el derecho colectivo a un ambiente sano, obligando a que se tomen medidas concretas para prevenir desastres anunciados y remediar zonas sacrificadas en el altar del progreso.<\/p>\n

El trasfondo pol\u00edtico: dilaciones y un llamado de atenci\u00f3n al Estado<\/strong><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de lo jur\u00eddico y lo ambiental, esta historia lanza una pregunta inc\u00f3moda en el plano pol\u00edtico-institucional: \u00bfC\u00f3mo es posible que cuatro entidades del m\u00e1s alto nivel del Estado ignoraran un mandato legal por tantos meses? La sentencia de La Guajira pone en evidencia un preocupante d\u00e9ficit de voluntad o coordinaci\u00f3n en el Gobierno Nacional para atender un tema prioritario. Los se\u00f1alados son el DNP, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente e incluso la Presidencia de la Rep\u00fablica \u2013 es decir, un abanico que cubre planeaci\u00f3n, salud p\u00fablica, autoridad ambiental y la jefatura misma del Estado. Que ninguna de estas instancias lograra cumplir a tiempo con la ley sugiere m\u00e1s que olvido: revela, quiz\u00e1s, falta de prioridad pol\u00edtica frente a los pasivos ambientales.<\/p>\n

Durante el proceso, las entidades demandadas presentaron sus explicaciones, que el tribunal escuch\u00f3 con ojo cr\u00edtico. El Ministerio de Salud, por ejemplo, argument\u00f3 que elabor\u00f3 \u201cde manera conjunta los lineamientos\u201d de la pol\u00edtica de pasivos ambientales y que incluso llev\u00f3 a cabo las cuatro audiencias regionales ordenadas por la ley, presentando un borrador ante un Comit\u00e9 Nacional de Pasivos Ambientales el 10 de septiembre de 2024. Seg\u00fan Salud, con eso \u201chab\u00eda dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 2327 de 2023, al fijar los lineamientos…\u201d de la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental. Por su parte, el Ministerio de Ambiente admiti\u00f3 que el proceso estaba \u201cen curso, bajo la coordinaci\u00f3n del DNP\u201d, pero aleg\u00f3 que necesitaba \u201cun tiempo adicional para su finalizaci\u00f3n\u201d debido a tr\u00e1mites internos y normativos. La Presidencia de la Rep\u00fablica, a trav\u00e9s de su departamento administrativo (DAPRE), opt\u00f3 por escudarse en un tecnicismo: sostuvo que no era la autoridad competente para reglamentar esos art\u00edculos, pues \u201cno le corresponde al DAPRE asumir la responsabilidad… en temas relativos a pasivos ambientales\u201d, insinuando que la demanda ni siquiera debi\u00f3 dirigirse contra la Casa de Nari\u00f1o.<\/p>\n

Ninguna de estas justificaciones convenci\u00f3 al Tribunal. En su an\u00e1lisis, la Sala reconoci\u00f3 algunos avances parciales, pero fue enf\u00e1tica en que los deberes legales segu\u00edan incumplidos a cabalidad. Los lineamientos de pol\u00edtica no hab\u00edan sido formalizados ni adoptados oficialmente; el Comit\u00e9 Nacional no operaba conforme al reglamento (de hecho, ni siquiera se hab\u00eda expedido el reglamento para crearlo dentro del plazo de 3 meses que<\/p>\n

fijaba la ley); la Estrategia Nacional brillaba por su ausencia pese a que deb\u00eda estar lista seis meses despu\u00e9s de la ley; y la definici\u00f3n del \u201cresponsable sin capacidad econ\u00f3mica\u201d segu\u00eda sin reglamentar casi dos a\u00f1os despu\u00e9s, a pesar de ser crucial para determinar qui\u00e9n asume los costos cuando nadie m\u00e1s puede hacerlo. En suma, los plazos legales hab\u00edan expirado hace tiempo y las entidades, con diferentes matices, hab\u00edan mirado hacia otro lado.<\/p>\n

El fallo del 30 de julio de 2025 sacudi\u00f3 esta modorra institucional. Pol\u00edticamente, es un llamado de atenci\u00f3n fuerte: le recuerda al Gobierno que las leyes emanadas del Congreso son de obligatorio cumplimiento, m\u00e1s a\u00fan cuando implican proteger bienes p\u00fablicos tan sensibles como el medio ambiente y la salud. Que un tribunal regional tenga que conminar al Gobierno central a hacer su trabajo es sintom\u00e1tico. Refleja la brecha entre la ret\u00f3rica ambiental y la acci\u00f3n efectiva. Tambi\u00e9n demuestra el poder de la ciudadan\u00eda y de los mecanismos legales para exigir cuentas: un solo ciudadano, desde una regi\u00f3n frecuentemente marginada, logr\u00f3 activar los resortes de la justicia para que el centro del poder reaccionara.<\/p>\n

En las pr\u00f3ximas semanas, todas las miradas estar\u00e1n puestas en las entidades involucradas. Tienen un trimestre para pasar de las promesas y excusas a los hechos. El reloj jur\u00eddico est\u00e1 corriendo: si en tres meses no hay pol\u00edtica p\u00fablica, ni comit\u00e9, ni estrategia, ni reglamentaci\u00f3n emitida, estar\u00edan desacatando una orden judicial, lo cual podr\u00eda acarrear consecuencias m\u00e1s serias. Pero m\u00e1s all\u00e1 de las implicaciones legales, lo que est\u00e1 en juego es la confianza en las instituciones y en la ley misma. Cada d\u00eda de retraso en la gesti\u00f3n de los pasivos ambientales es un d\u00eda de riesgo para comunidades, un d\u00eda de da\u00f1o acumulado para la naturaleza.<\/p>\n

La cr\u00f3nica de este fallo es, en el fondo, la cr\u00f3nica de un tir\u00f3n de orejas judicial al Estado. Es la historia de c\u00f3mo la justicia contenciosa oblig\u00f3 a salir del letargo burocr\u00e1tico a quienes ten\u00edan en sus manos la implementaci\u00f3n de una ley visionaria. Si se cumplen las \u00f3rdenes, Colombia dar\u00e1 al fin un paso concreto para inventariar, controlar y mitigar sus pasivos ambientales \u2013 esas deudas silenciosas que tenemos con nuestra tierra. Y si no se cumplen, esta sentencia al menos habr\u00e1 dejado un mensaje indeleble: las normas ambientales no son adornos ret\u00f3ricos sino mandatos que se deben acatar, so pena de que la misma institucionalidad \u2013empujada por la ciudadan\u00eda activa\u2013 haga valer su fuerza.<\/p>\n

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