Nombre del autor:Comunicaciones UNIAGRARIA

En Colombia, durante los últimos años, se ha consolidado una problemática estructural que afecta de manera directa al campesinado y a los territorios rurales, especialmente en el departamento de Cundinamarca y su área de influencia con la ciudad de Bogotá. Se trata del denominado “volteo de tierras”, una práctica ilegal que ha adquirido relevancia debido a la participación de actores institucionales encargados de la vigilancia y control del ordenamiento territorial, quienes, en lugar de garantizar la legalidad, han facilitado la transformación irregular del uso del suelo con fines de enriquecimiento ilícito.

Hablar del derecho a la alimentación de la niñez campesina en Colombia no es referirse únicamente a una necesidad biológica o a una política asistencial. Es, ante todo, entrar en el terreno de la justicia social, de la deuda histórica del Estado con el campo y de la persistencia de desigualdades estructurales que siguen marcando la vida de miles de niños y niñas rurales. Cuando se afirma que una parte significativa de la niñez campesina vive en condiciones de pobreza multidimensional, no se está describiendo solo una cifra: se está nombrando una realidad atravesada por el hambre, la exclusión, la precariedad institucional, la deserción escolar y la vulneración cotidiana de derechos fundamentales.