Leni Viviana Murcia Naranjo
Docente Líder del Observatorio de Derecho Agrario de Uniagraria –
Semillero Derecho, Ambiente y Ruralidad
Cindy Katherine Moya Enríquez
Estudiante de Derecho vinculado al Observatorio de Derecho Agrario de Uniagraria –
Semillero Derecho, Ambiente y Ruralidad
La justicia ambiental se encuentra consagrada en la Constitución Política de Colombia, la cual reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Para garantizar la protección efectiva de este derecho, el Estado dispone de mecanismos constitucionales, así como de instancias judiciales y administrativas, que se rigen por principios fundamentales como la equidad, la oportunidad, la independencia y la autonomía.
No obstante, abordar la justicia ambiental no implica únicamente la observancia de los mecanismos destinados a la protección de los derechos ambientales, sino también la comprensión de que, en un escenario contemporáneo, las exigencias en materia de sostenibilidad deben transitar hacia enfoques que superen las desigualdades distributivas. En este sentido, resulta prioritario situar en la agenda pública la identificación de las poblaciones que sufren mayores impactos ambientales, así como los factores estructurales que las afectan.
La justicia ambiental exige reconocer a aquellos sujetos históricamente rezagados que han enfrentado procesos de revictimización o doble discriminación. En el caso colombiano, muchos de los problemas ambientales que afectan al campo están estrechamente relacionados con el conflicto armado. En este contexto, es necesario destacar que las mujeres rurales han enfrentado condiciones particularmente complejas, que las han situado en escenarios de marcada desigualdad. Esta situación no solo obedece al conflicto, sino también a la persistencia de un sistema patriarcal y extractivista que ha invisibilizado el papel fundamental del cuidado y el rol que desempeñan las mujeres en la preservación de las prácticas ancestrales y del territorio.
Las mujeres rurales poseen un conocimiento profundo de las condiciones locales y de las estrategias de mitigación frente a los efectos del cambio climático, derivado de su relación cotidiana con el territorio. Asimismo, desempeñan un papel central en la gestión del agua y en la protección de la tierra, lo que las posiciona como garantes de la seguridad alimentaria en sus comunidades.
La labor agrícola implica de manera constante la participación de las mujeres: ellas cultivan, recolectan, conservan semillas y elaboran alimentos, contribuyendo al bienestar familiar y comunitario. Sin embargo, también asumen una carga desproporcionada de trabajo doméstico y no remunerado, la cual puede duplicar la de los hombres rurales. Esta carga se intensifica en contextos de cambio climático, evidenciando que hombres y mujeres experimentan de manera diferenciada tanto sus efectos como los desafíos de la justicia ambiental, en razón de los roles socialmente asignados.
Este fenómeno se encuentra atravesado por desigualdades estructurales, tales como el limitado acceso a recursos productivos, créditos, educación y tecnología. A ello se suma que las mujeres han sido especialmente afectadas por el despojo de tierras en el marco del conflicto armado. En consecuencia, muchas han sido forzadas a desplazarse hacia las ciudades, donde suelen vincularse a trabajos precarios e informales, sin recibir de manera oportuna la restitución de tierras ni una reparación adecuada por los daños sufridos.
Si bien la Ley 1448 de 2011 estableció una ruta judicial para la restitución de tierras y medidas de reparación integral con enfoque diferencial, la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado, a través de su jurisprudencia, la necesidad de incorporar un enfoque de género en la atención a las víctimas. Este desarrollo ha permitido reconocer la doble discriminación que enfrentan las mujeres rurales y extender esta perspectiva a distintos ámbitos más allá de la justicia transicional.
En la actualidad, resulta imperativo que el Estado incorpore el enfoque de género en todas sus actuaciones, reconociendo tanto la histórica subrepresentación de las mujeres como su papel fundamental en la sostenibilidad de las comunidades. En este sentido, las mujeres rurales desempeñan un rol esencial en la justicia ambiental y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en lo relacionado con la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la resiliencia territorial (ONU Mujeres, 2025).
La justicia ambiental también se construye a partir del diálogo y se articula con la justicia procedimental, entendida como la equidad en los procesos de toma de decisiones. Esto implica la inclusión efectiva de las comunidades históricamente afectadas por conflictos ambientales, garantizando la participación activa de las mujeres como sujetas políticas. Su intervención no solo fortalece la gobernanza ambiental, sino que también promueve transformaciones estructurales orientadas a la sostenibilidad de la vida y del territorio (ONU Mujeres, 2025).
En Colombia, existen múltiples ejemplos del liderazgo de las mujeres rurales en la construcción de soberanía alimentaria. En regiones como Cauca, Putumayo y Valle del Cauca, las mujeres han impulsado prácticas agroecológicas que contribuyen a la alimentación saludable, la autonomía económica y el fortalecimiento de las economías locales. Asimismo, iniciativas como las “Guardianas del Agua” en Putumayo y la asociación “Amarú” en Antioquia evidencian el papel de las mujeres en la protección de cuencas hídricas, la reforestación y la defensa del territorio frente a actividades extractivas.
En conclusión, las mujeres rurales constituyen agentes de cambio que promueven soluciones estructurales en las que el cuidado, el ambiente y el enfoque de género ocupan un lugar central en la toma de decisiones. Su liderazgo no solo fortalece las luchas por el derecho a la tierra, a un ambiente sano y a la participación equitativa, sino que también contribuye a garantizar la continuidad de las comunidades rurales, evitando el desarraigo de las nuevas generaciones.
Referencias
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. (s. f.). Derecho a la justicia ambiental. Rama Judicial de Colombia.
Franco-Hernández, E. N., Zamora-Lomelí, C. B., Mier y Terán Giménez-Cacho, M., Morales, H., & Pérez-Cassarino, J. (2023). Mercados agroecológicos y soberanía alimentaria en Colombia. Polis, 19(1). Grupo Semillas. (2016). Revista Semillas (Nos. 63–64). https://www.semillas.org.co
Hernández, E. (2022). Feminismos y luchas populares en Colombia. Instituto Tricontinental.
La Vía Campesina. (2025). Justicia climática: Una mirada desde el feminismo campesino y popular. https://viacampesina.org
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). Plan de acción de género y cambio climático de Colombia: Acciones para la igualdad de género, la sostenibilidad y la justicia climática.
Ministerio de Justicia y del Derecho. (2024, octubre 23). La justicia ambiental se construye a partir de la equidad, participación, sostenibilidad y prevención de daños. https://www.minjusticia.gov.co
ONU Mujeres. (2025, octubre 15). Mujeres rurales: sujetas de derechos, liderazgos y transformación. https://lac.unwomen.org
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