Blog Observatorio de Derecho Agrario

La restitución de tierras en Colombia constituye uno de los mecanismos más relevantes de justicia transicional orientados a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. En este contexto, la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estableció un marco jurídico preferente y excepcional destinado a garantizar el retorno material y jurídico de quienes fueron despojados o forzados al abandono de sus territorios a causa de la violencia.

La autonomía alimentaria en Colombia no puede comprenderse únicamente como un problema de producción agrícola o abastecimiento de alimentos, se trata, en realidad, de una discusión profundamente jurídica, territorial y social que involucra la garantía de derechos fundamentales, la permanencia en el territorio y la dignificación histórica del campesinado. En este escenario, la mujer campesina emerge no solo como sujeto activo de las dinámicas rurales, sino como una verdadera guardiana de la soberanía alimentaria, de las economías del cuidado y de las prácticas comunitarias que sostienen la vida en el campo colombiano.

La justicia ambiental se encuentra consagrada en la Constitución Política de Colombia, la cual reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Para garantizar la protección efectiva de este derecho, el Estado dispone de mecanismos constitucionales, así como de instancias judiciales y administrativas, que se rigen por principios fundamentales como la equidad, la oportunidad, la independencia y la autonomía.

Cuando hablamos de soberanía alimentaria en Colombia, nos referimos a un tema que cada día adquiere mayor relevancia a nivel global. El aumento constante en los precios de los insumos, los conflictos entre países y los efectos cada vez más visibles del cambio climático han transformado profundamente las condiciones de producción agrícola. En este contexto, surge una pregunta fundamental: ¿cómo se relaciona todo esto con la soberanía alimentaria? La respuesta es clara: se trata de la capacidad de un país para decidir sobre su alimentación y los modos de producción sin depender de factores externos. Y es precisamente allí donde Colombia enfrenta un desafío significativo, pues, a pesar de contar con amplias tierras y condiciones favorables para el cultivo, mantiene una alta dependencia de insumos provenientes del exterior, especialmente fertilizantes.

Los páramos son ecosistemas estratégicos para el suministro del recurso hídrico, debido a su función en la regulación, almacenamiento y abastecimiento de agua, tal como lo reconoce el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En Colombia, la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos, establece un régimen especial para la gestión integral, protección, conservación y uso sostenible de estos ecosistemas. En este sentido, es fundamental señalar que los páramos son áreas de especial importancia ecológica en los términos del artículo 79 de la Constitución Política, lo que impone al Estado un deber reforzado de protección.

La política de erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia constituye uno de los escenarios más densos y problemáticos en la intersección entre el derecho agrario, el derecho ambiental y el derecho constitucional. La implementación de la aspersión aérea con glifosato a través del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos (PECIG) no solo representó una estrategia estatal de control territorial, sino que también evidenció profundas tensiones en la manera en que el Estado ha comprendido históricamente al campesinado, la naturaleza y la justicia en contextos rurales. Más allá de su finalidad declarada de reducción de cultivos ilícitos, esta política operó como un dispositivo de intervención que reconfiguró relaciones sociales, económicas y ecológicas en vastas regiones del país, generando impactos que desbordan el ámbito estrictamente jurídico.

En Colombia, durante los últimos años, se ha consolidado una problemática estructural que afecta de manera directa al campesinado y a los territorios rurales, especialmente en el departamento de Cundinamarca y su área de influencia con la ciudad de Bogotá. Se trata del denominado “volteo de tierras”, una práctica ilegal que ha adquirido relevancia debido a la participación de actores institucionales encargados de la vigilancia y control del ordenamiento territorial, quienes, en lugar de garantizar la legalidad, han facilitado la transformación irregular del uso del suelo con fines de enriquecimiento ilícito.

Hablar del derecho a la alimentación de la niñez campesina en Colombia no es referirse únicamente a una necesidad biológica o a una política asistencial. Es, ante todo, entrar en el terreno de la justicia social, de la deuda histórica del Estado con el campo y de la persistencia de desigualdades estructurales que siguen marcando la vida de miles de niños y niñas rurales. Cuando se afirma que una parte significativa de la niñez campesina vive en condiciones de pobreza multidimensional, no se está describiendo solo una cifra: se está nombrando una realidad atravesada por el hambre, la exclusión, la precariedad institucional, la deserción escolar y la vulneración cotidiana de derechos fundamentales.

Leni Viviana Murcia Naranjo – Docente Líder del Observatorio de Derecho Agrario de Uniagraria. Jimena Carrillo Rodríguez, Andrey Nicolás Aldana Quiroga, Noelia Alejandra Díaz Merchán – Estudiantes de Derecho vinculados al Observatorio de Derecho Agrario de Uniagraria Este artículo es resultado de un proceso de monitoreo y análisis desarrollado por el Observatorio de Derecho Agrario,

La posesión de tierras en América Latina no solo representa un recurso material, sino también un factor clave en la autonomía económica de las mujeres. Tener acceso a la propiedad les permite fortalecer su capacidad de negociación y avanzar en su empoderamiento financiero. Por ello, es fundamental comprender cómo se distribuye la tenencia de la tierra entre hombres y mujeres y analizar el impacto que tiene para la mujer rural el ser dueña de una parcela, una finca, un hato, un terruño. Más allá de la propiedad misma, este derecho se traduce en estabilidad, oportunidades y una mayor participación en la toma de decisiones sobre su futuro y el de su comunidad.