Nombre del autor:Comunicaciones UNIAGRARIA

Leni Viviana Murcia Naranjo – Docente Líder del Observatorio de Derecho Agrario de Uniagraria. Jimena Carrillo Rodríguez, Andrey Nicolás Aldana Quiroga, Noelia Alejandra Díaz Merchán – Estudiantes de Derecho vinculados

La posesión de tierras en América Latina no solo representa un recurso material, sino también un factor clave en la autonomía económica de las mujeres. Tener acceso a la propiedad les permite fortalecer su capacidad de negociación y avanzar en su empoderamiento financiero. Por ello, es fundamental comprender cómo se distribuye la tenencia de la tierra entre hombres y mujeres y analizar el impacto que tiene para la mujer rural el ser dueña de una parcela, una finca, un hato, un terruño. Más allá de la propiedad misma, este derecho se traduce en estabilidad, oportunidades y una mayor participación en la toma de decisiones sobre su futuro y el de su comunidad.

Hace unos días fui invitada a conocer una experiencia productiva del modelo campesino en el departamento de Boyacá. Durante la visita, hubo algo en particular que llamó mi atención: mientras las mujeres cocinaban también compartían historias de resiliencia y se aconsejaban unas a otras—jóvenes, niñas, adultas y ancianas—frente a diferentes situaciones de la vida.

La Constitución de 1991 estableció con claridad que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. No obstante, en 2025, el Instituto Nacional de Salud – INS reportó 79 muertes infantiles por desnutrición, mientras que departamentos como Vichada, La Guajira y Chocó encabezan las prevalencias de desnutrición aguda (Instituto Nacional de Salud, 2025). Estos datos confirman lo que las comunidades rurales saben desde hace décadas que existe una brecha entre el discurso normativo y la realidad vivida se mantiene intacta, es decir, el Estado colombiano, que ha sido históricamente urbano-céntrico, ha fallado en garantizar condiciones mínimas de vida para la niñez campesina.