Hace unos días fui invitada a conocer una experiencia productiva del modelo campesino en el departamento de Boyacá. Durante la visita, hubo algo en particular que llamó mi atención: mientras las mujeres cocinaban también compartían historias de resiliencia y se aconsejaban unas a otras—jóvenes, niñas, adultas y ancianas—frente a diferentes situaciones de la vida.
La Constitución de 1991 estableció con claridad que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. No obstante, en 2025, el Instituto Nacional de Salud – INS reportó 79 muertes infantiles por desnutrición, mientras que departamentos como Vichada, La Guajira y Chocó encabezan las prevalencias de desnutrición aguda (Instituto Nacional de Salud, 2025). Estos datos confirman lo que las comunidades rurales saben desde hace décadas que existe una brecha entre el discurso normativo y la realidad vivida se mantiene intacta, es decir, el Estado colombiano, que ha sido históricamente urbano-céntrico, ha fallado en garantizar condiciones mínimas de vida para la niñez campesina.
El presente artículo es fruto de una investigación realizada en el Observatorio de Derecho Agrario de UniAgraria, desde los feminismos del Sur Global, que explora el papel de las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas en la defensa de las semillas nativas y la soberanía alimentaria en Colombia.
¿Es justo que el campesinado colombiano, actor histórico en la construcción de la Nación y garante de la seguridad alimentaria, quede excluido de los mecanismos de participación que sí amparan a otros sujetos colectivos? Esta pregunta adquiere relevancia al observar que la consulta previa, reconocida como un derecho fundamental y un principio general del Derecho Internacional, se aplica únicamente a pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom, dejando en un vacío jurídico a millones de campesinos cuya vida, cultura y subsistencia dependen también de su relación con la tierra.
El Catatumbo, región estratégica por su ubicación fronteriza y riqueza agrícola, enfrenta una crisis prolongada por el conflicto armado y la débil presencia estatal. Este estudio analiza cómo la violencia rural afecta la seguridad territorial y el acceso a la tierra, generando despojo, desplazamiento forzado, exclusión estructural y deterioro ambiental. Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes sufren pérdida de cohesión social, inseguridad alimentaria y limitaciones económicas, agravadas por el avance de cultivos ilícitos que intensifican la deforestación. Aunque existen avances normativos y participación mediante consulta previa, persisten obstáculos. Se concluye que el Catatumbo requiere políticas integrales para consolidar la paz territorial.
El acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia sigue siendo un reto significativo, en especial para los municipios responsables de garantizar la cobertura de acueducto y alcantarillado a toda la población. Para abordar esta problemática, es esencial considerar la evolución de las políticas públicas, la normatividad vigente y el desarrollo institucional que ha buscado resolver los desafíos asociados a estos servicios esenciales.
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